"Matrimonio" homosexual constitucional

Se acaba de pronunciar el Tribunal Constitucional, por 8 votos contra 3, a favor de considerar matrimonio a las cuadrillas homosexuales que el gobierno terrorista del GAL (Gobierno Asesino y Liberticida), que nombró a la mayoría de los magistrados sentenciadores, equiparó al matrimonio en una ley. 

La sentencia evidencia la tenebrosa simbiosis entre la mafia rosa (indisociable de la mafia negra polanquista y de la mafia roja terrorista-sindical) y el estado laico democrático que, por ese motivo, vengo llamando gaycracia. Forman un conglomerado de extorsión que está aboliendo cualquier discriminación que detectan y no distinguen lo blanco de lo negro, lo verde de lo amarillo, todo es rosa. 

Pero la decisión legal es constitucional, de la misma manera que lo sería equiparar una mierda a un pastel; al fin y al cabo la primera suele ser el resultado de la evolución orgánica del segundo al ser digerido y los productos químicos que los componen no son muy diferentes de manera que, en una democracia igualitaria, no tiene sentido darles un tratamiento legal discriminatorio. No se discute que la constitución que se impuso a España estableciera una democracia igualitaria ciega a las diferencias, salvo que sean a favor de Cataluña en cuyo caso puede ser asimétrica, y el carácter democrático de la decisión del tribunal es incuestionable. 

Indudablemente la sentencia es producto de la evolución y produce una mutación en la bimilenaria tradición de la familia occidental; permite que el poder mafioso se apropie del significado de una palabra especial y la reparta, la democratice, a la par que, con el sistema tributario constitucional progresista, se apropia del trabajo honrado de las personas y lo reparte subvencionando a los colectivos extorsionadores del oscuro entramado negro-rojo-rosa cuya agresividad permite, al poder oculto tiránico, detentar el control social que sostiene la democracia impidiendo a los seres humanos ser personas. 

El principal problema que se presenta es que la equiparación no evitará el asco de las personas por aquello que, en la servilmente depravada mente de los magistrados progres, se asimila a los pasteles. La repugnancia por el estiércol se ha ido atenuando al haber ido convirtiendo constitucionalmente a España en una pocilga pero no acaba de ser agradable para quienes, de algún modo, se lavan cuando se ensucian y no se tragan los productos de la evolución orgánica de los procesos digestivos de la democracia. 

La cuestión que se plantea a quienes quieren seguir comiendo pasteles, sin mezclar con lo que el tribunal constitucional y la ley democrática les equipara, es diferenciar socialmente sus familias y sus alimentos para distanciarse, lo más posible, tanto del tribunal como de los productos equiparados para que se los coma el propio tribunal en el festín en que celebre los pasos de la evolución y, si es posible, que se atragante con ellos o le dé una indigestión. Al poner tierra de por medio, social y culturalmente, deberían dejar sin soporte económico al despótico sistema depredador de la gaycracia para que siga su propia lógica esclavista pero sin manchar la vida de las comunidades humanas personales. De lo contrario van a acabar teniendo que comer aquello que el tribunal constitucional dice que es igual que los pasteles.

Aprovechar la crisis

Si no he entendido mal, la democracia consiste en que los ciudadanos votan para que el gobierno les dé lo que piden sin tener que pagar por ello, totalmente gratis. Cuando un gobierno satisface más ampliamente las demandas de sus votantes más le siguen votando. El gobierno no produce los bienes y servicios, pero los saca, mediante impuestos, de quienes los producen y cuando éstos no dan más de sí mediante deuda pública. De ese modo se instala rápidamente un estado del bienestar porque ningún pueblo con una buena democracia va a dejar de exigir a sus gobernantes el máximo de confort en la vida.

No entra dentro de las cábalas de los votantes que su bienestar sea insostenible, por más que estén plenamente concienciados del crecimiento sostenible. No se sabe lo que cuesta un voto de izquierdas, pero es claro que con él se reivindica todo el bienestar del mundo ¡Y demasiado poco piden los pueblos con el increíble poder que da el voto democrático, demostrando una desmesurada modestia! Pero el voto no produce nada que no sea diputados y, en consecuencia, en algún sitio tiene que manifestarse esa fisura de la lógica. No resulta sorprendente que el estado de bienestar democrático celtibérico esté tan en quiebra como su parienta la Unión Soviética. Tiene la ventaja de que a este paso van a acabar pronto con los últimos restos del franquismo, que ya se desmoronó cuando se levantó la exclusión de los sindicatos de clase y la prohibición del consumo de drogas, está a punto de liquidarse la familia y el trabajo permanente, se deja de incentivar el ahorro por la reivindicación de que fluya el crédito, y la propia Seguridad Social franquista que algunos se han empeñado en prolongar, está en bancarrota y, por tanto, su desaparición completará los esfuerzos de desmantelamiento.

Con los datos económicos disponibles antes de las elecciones era previsible el crac; por eso, el Partido Popular quizá no debió de presentarse a ellas para que los que han hundido a España gestionaran la quiebra y sus votantes pudieran enterarse del coste de las sustancias narcóticas del socialismo, pero les pudo la codicia del poder con su siniestra lógica. Ahora ni siquiera son capaces de explicar la situación que se encontraron, sólo les cabe gestionar los despojos de España con un juego malabar de palabras sobre si nos han rescatado o intervenido.

La izquierda caviar y mediática, ante el desconcierto del gobierno, utiliza las migajas de bienestar en la compra de los votos que necesita para mantenerse parasitariamente en el poder. Satisface a sus votantes democráticamente, con la producción ajena y cuando se hunde el sistema y les falla la vía democrática formal sale a la calle con medidas, también democráticas pero reales, de extorsión: acusan de los recortes al Partido Popular que ganó las pasadas elecciones y presiona con la huelga y el chantaje, los indignados y previsiblemente el terrorismo.

En el improbable supuesto de que el Partido Popular acierte con la gestión económica dejaría un país recuperado para un nuevo intento de democratizarlo en una especie de eterno retorno del socialismo; si fracasa España será pasto de los buitres. Produce desconcierto que el gobierno no afronte el problema básico de las consecuencias de seguir manteniendo con deuda el aparato parasitario y depredador del socialismo con el que pronto volverá al poder.

La salida creo que estaría en aprovechar la situación para constituir una nueva entidad de asistencia a la medida de los españoles. Que integre sanidad, educación, pensiones, instituciones culturales y económicas adecuadas a las necesidades de los trabajadores, que tengan la calidad suficiente y cuyo coste obviamente habrá que pagar con precios y cotizaciones. Para ello bastaría convocar una especie de referéndum y, conforme a su resultado, transferir a su organización gestora la parte correspondiente del sistema de bienestar que ahora detentan las autonomías, el estado, las corporaciones locales, diversos entes autónomos y muchos colectivos.

A la par, habría que dejar la parte alícuota del sistema a las autonomías, sindicatos de clase, partidos de izquierda, indignados, intelectuales orgánicos, titiriteros, terroristas, dirigidos todos por los correspondientes gais, que ahora lo tienen como propio en su totalidad y habría que dejarlo a su propia lógica democrática para que ellos puedan hacer lo que quieran con lo que les corresponda y se complazcan con su bienestar, que sea para ellos y lo disfruten. Sólo habrá que garantizar el mínimo de interferencias de esos colectivos en la organización de los españoles.

No se ve la necesidad de compartir aspectos de la vida económica o cultural con quienes no se tiene nada en común y que, por lo demás, no son receptivos a ningún entendimiento, que amenazan siempre con la extorsión por delante, que parasitan, chantajean y depredan, que definen sus derechos unilateralmente. Los españoles deberíamos compartirlo con los grupos hispanoamericanos o europeos afines a nuestra cultura.

La clandestinidad del Ibi

Se ha desatado una virulenta campaña mediática para que la Iglesia pague el Ibi (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) justo en el momento en que nos obligan a hacer la declaración del impuesto que el estado socialista detrae de nuestra renta. Está promovida por el partido guerrillero del GAL y, en especial, por el que fuera portavoz del gobierno que llevó a cabo los actos terroristas (que no le privan de carácter democrático), pero está involucrada en ella toda la izquierda y es jaleada por el inmenso conjunto de medios de información radicales. Se promueve en el momento crítico de perjudicar a la Iglesia, cuando los españoles pueden ayudarla al hacer la declaración de la renta. Probablemente esa sea la única intención del entramado o caterva promotora. 

La campaña consigue un amplio asentimiento de las bases izquierdistas porque forma parte de la emanación alucinógena del socialismo que produce el máximo efecto en el tipo de animal humano parasitario más parecido a las personas: el paisano autónomo, que es como el hombre nuevo soviético pero que toma su nombre del panfleto insignia del grupo mediático que lo produce, tan mafioso que resulta innombrable. En realidad hace falta poco esfuerzo para convencer a los votantes socialistas de que es una idea progresista porque ellos nunca están dispuestos a pagar por lo que consumen y prefieren que se pague con los impuestos de otros, contra los que son inducidos a votar, y nadie mejor que la Iglesia para hacer de chivo expiatorio para sus frustraciones tributarias y consumistas. 

Cualquier persona que quiera diferenciarse de ese tipo de individuos que votan democráticamente, en la más completa nesciencia pública, debería conocer un par de datos que no aparecen por ningún sitio en el debate o en la información de este país tan democrático. Creo que son dos elementos relevantes para entender la crisis económica que padecemos y que es, a la par, importante que haya algo de trasparencia sobre su raíz porque es el único modo de afrontar una salida a la misma y evitar que España se desplome por el precipicio a cuyo borde la han dejado y empujan los socialistas. 

El primer dato consiste en saber cuál es el importe total de los impuestos sobre la renta que pagan los católicos y cuál es la cuantía que, por el mismo concepto, paga el colectivo de socialistas, comunistas, gais, lesbianas, sindicalistas, terroristas, etc. En el caso de los católicos es fácil de saber; basta con sumar la casilla 741 de la declaración de la renta de los más de nueve millones de españoles que voluntariamente destinan el 0,7% de su impuesto a la Iglesia; por eso me sorprende que no haya nitidez respecto a ese dato. En el caso del colectivo no se puede hacer por exclusión porque no todos los que no ponen la “x” en la casilla de la Iglesia la pondrían si hubiera la posibilidad de dedicar algo de sus ingresos a las diversas organizaciones de extorsión de la izquierda, de modo que sería conveniente que se diera esa posibilidad para lo sucesivo, aunque sólo fuera para saber quiénes pagan y quiénes disfrutan el estado de “bienestar”. Otras conclusiones se podrían sacar en el momento oportuno. 

El segundo dato sería saber cuánto adeuda el grupo mediático-mafioso productor de los paisanos democráticos a la quebrada Bankia. Es conveniente para ver qué parte del déficit oculto que ha aflorado se debe a ese entramado “informativo” y se podría zanjar si la mafia pagara sus deudas igual que los demás, pero también lo es para saber lo que cuesta moldear a cada paisano autónomo. Parece difícil pero quizá bastaría con que se publicara la lista de los 100 mayores activos tóxicos de Bankia y quién está detrás de ellos. 

El hecho de que de esos datos formen parte de la clandestinidad en la prensa democrática nos da una pista de la raíz de la crisis económica. El que los paisanos no quieran conocerlos constituye un indicio, similar al de no querer saber nada sobre el 11-M, de que algo grave se oculta a su simulada candidez republicana. No sólo revelan que los paisanos se hallan inmersos en la caverna cutre de la tosquedad ilustrada, también de la razón de que constituyan un colectivo sin personalidad, convenientemente dirigido para parlotear de lo que interesa al capo de la mafia para distraerlos mientras practica el fraude masivo a la libertad. Pese a todo, a mi me gustaría conocer esos importes, por la simple satisfacción de saber, con independencia de las conclusiones casi obvias que de ellos se podrían obtener.

La lógica de la república

Un conocido mío se compró, hacia 2003, un piso por un precio 200.000 euros. El banco le dio un crédito hipotecario por un importe de 250.000 con el que pagó el piso, los tributos, las escrituras, los muebles e incluso pudo hacer un pequeño crucero por el Báltico, coincidiendo allí con un importante sindicalista. Mientras tuvo trabajo pagó las mensualidades para devolver el crédito al banco. Pero luego votó a ZP porque le convencieron de que había que pinchar la burbuja del ladrillo para bajar el precio de las casas y, según es notorio, consiguió el resultado esperado: Actualmente su casa vale poco más de 120.000 Euros. Otra cosa que consiguió votando a ZP es estar entre los 5 millones de parados, motivo por el cual ahora no puede seguir pagando las mensualidades de la casa y está a la espera de la ejecución hipotecaria y el desahucio. La cuestión es que, a pesar de haber pagado unos 60.000 euros de principal, tiene un patrimonio negativo de menos 60.000 euros.

Pero es un republicano fanático. No se puede decir que crea en la democracia y en la igualdad porque, más bien, alucina con ellas. Está seguro de que todos los republicanos son iguales y tienen los mismos derechos. Identifica república con igualdad e igualdad con republica y se deshace en elogios a la democracia. Ciertamente lo dice todo en la más completa ignorancia histórica y con desprecio de la lógica; se puede decir que, también igual que todos los republicanos, es una víctima de la Logse.

Cuando, hace unos años, murió un importante capo informativo que prefiero no mencionar porque no estoy en condiciones de afrontar las consecuencias democráticas, había amasado una fortuna de más de 3.000 millones de euros, esto supone ingresar unos 50 millones de euros al año, algo en lo que ningún republicano vio ningún indicio de desigualdad económica ni falta de honestidad democrática. Tampoco ha percibido ningún republicano una desigualdad de derechos políticos; “un hombre un voto” es el slogan que compendia y satisface todas sus aspiraciones políticas y el capo tenía en esta democracia un voto igual que cualquier pardillo republicano. Por tanto, el que dicho capo haya utilizado a todos los gobiernos socialistas, y algunos que no lo eran, de simples marionetas para defender sus intereses al amasar esa ingente fortuna pasa desapercibido a los republicanos que votan con entusiasmo lo que interesa al capo sin colisión de intereses.

Por otra parte el capo, en sus muchas empresas de comunicación, pagaba unos salarios medios que no pasaban de 12.000 Euros anuales y, dado que muchos de sus sirvientes eran becarios, igual que la colaboradora de este medio Jennifer García, no pagaba por ellos seguridad social; tenía además un índice de temporalidad superior al 80% de la plantilla y unas diferencias salariales donde los que más ganaban multiplicaban por 20 a los salarios de los que más trabajaban y cobraban menos. Pese a ello, no ha tenido ni la más leve protesta sindical bolchevique republicana que perturbara el incremento exponencial de sus riquezas: por lo visto también tenía los mismos derechos sindicales que cualquier “prole”. Un auténtico éxtasis de igualdad republicana que quizá sea la esencia de la democracia.

Mi conocido, y todos los republicanos son iguales según ellos reiteran, a pesar de no haber percibido ninguna diferencia entre ese capo “capitalista” y los muchos proletarios republicanos concienciados como él, siempre ha visto un privilegio, una fuente de desigualdad y discriminación en la institución regia. No tiene interés para ellos ser como el capo, ya lo son democráticamente, no envidian su patrimonio ni su influencia política, gracias al republicanismo no perciben diferencias respecto a él, pero llevan muy clavada la espina de no poder ser reyes. Ellos que, pese a estar en quiebra, ya son democráticamente iguales que el capo multimillonario, se visualizan con los mismos derechos políticos y económicos democráticos, sólo quieren abolir lo que, para ellos, es la única desigualdad significativa: la monarquía.

Han encontrado ahora la ocasión de montar algarabía con la caída y fractura de la cadera del rey. Ciertamente el incidente no ha sido un ejemplo edificante pero parece fuente de escándalo farisaico en un país quebrado que ya no está ni siquiera en condiciones de entender qué significa fariseísmo porque el principal factor igualitario que impera en él es la droga socialista de cuya plusvalía se benefició el aludido capo.

La ilimitada confianza en que, con una república –aunque sea sólo bananera o de imitación, como la mayoría de ellas-, los “derechos” democráticos de igualdad van a estar plenamente garantizados por los gerifaltes que se ven de capitostes o líderes en su gobierno legítimo sólo puede preocupar a las personas que teman por sus derechos personales, en la ofuscación republicana no sólo no valen nada sino que deben ser abolidos cual privilegios. La república bananera e igualitaria no sólo cambia al rey, también da la vuelta a la educación, al dinero, la información, la sexualidad, la propiedad, la empresa, la religión, al arte, la historia… y todo por la fuerza. Detrás de la guillotina o exilio del rey van muchos más: los obispos y los curas, los notarios y los registradores, los guardias civiles y los militares profesionales, los capitalistas (salvo el capo) y los meros comerciantes, los terratenientes y los simples campesinos con alguna propiedad, los artesanos y los trabajadores sin conciencia de clase. Si alguien no lo para se sigue la vorágine del sistema de terror que se impuso ilegalmente en España el año 31; sigue el modelo camboyano de los jemeres rojos. Acaba, en fin, siendo expulsado de la república todo el que no sea terrorista. Quizá por eso la mayoría de las personas disculpen el lapsus del rey.

Violación de los derechos humanos

Acaba de salir el último informe de la poderosa organización HRW (Human Rights Watch) sobre la violación de los derechos humanos en diversos países y, según cabía esperar, ha tenido una amplia repercusión mediática en todo el mundo acomodado, extremadamente sensible al sufrimiento. Se trata de una organización muy influyente, no escatima medios y denuncia violaciones de los derechos humanos en muchos países lo que produce un impacto mediático casi tan fuerte como la investigación de los crímenes por las televisiones.

No me sorprende la información sobre la abundancia de injusticia en el mundo ni que una parte de ella provenga de la acción de estados que se llaman democráticos y que quizá realmente lo sean. No creo que la injusticia deba ser silenciada de ningún modo y menos aún quedar impune, cualquiera puede denunciarla y es benéfico hacerlo. Pero si me llama la atención este tipo de denuncias donde sólo es contraria a los derechos humanos el tipo de injusticia que no interesa al poder mundial que se mantenga estructuralmente y que, en cambio, silencia otras formas más crueles de manera un tanto selectiva y sospechosa.

Por lo que respecta a España menciona, a modo de buena noticia, que “el violento grupo separatista” ETA renuncia a la “lucha armada”, sin especificar el tipo de violencia que ha ejercido el grupo en esa acción terrorista legitimada por el “derecho humano” de autodeterminación de los pueblos de cuyas iniquidades no se hacen responsables. Igualmente acoge las acusaciones del uso excesivo de la fuerza en la protesta ¿pacífica? contra la visita del Papa, en sintonía con los indignados que, desde su perspectiva, parecen reflejar el estado mental dominante en la península ibérica asolada por la ideología socialista y sin resortes morales ni culturales que sustenten la economía. También cuestiona la lucha del gobierno de México contra el narcotráfico y, aunque ha sido rechazado por el gobierno mexicano, no cabe duda que legitimará y beneficiará a los narcotraficantes; ya es lamentable que el gobierno de un país importante tenga que dar cuentas a este tipo de organizaciones de cómo combate el crimen organizado. Apoyan la primavera árabe sin ver el otoño europeo quizá anunciado ya en unos derechos humanos que caducan y a los que no se ha exigido fundamento.

En todo caso, lo más sorprendente es que estas organizaciones se constituyen en jueces mundiales, por encima de cualquier autoridad jurídica institucionalizada, con una simple ideología de los derechos humanos, sin necesidad de explicar en qué consisten ni definir el derecho o la justicia, lo que, para algunas personas, podría hacerlo indiscernible de sus propios intereses. Con esa ideología juzgan a los estados sin acreditar poseer ellos mismos la legitimación democrática que exigen a los gobiernos; no consta que se hayan sometido a elecciones ni que tengan ningún tipo de representación aparte de la inoficiosa de tenebrosos e innombrables “capitalistas” que las financian e impulsan la ideología de género a nivel mundial a través de ellas. Juzgan sin pasar la “oposición” de los jueces profesionales, sin acreditar una especial cualificación ni un adecuado grado académico, con el apoyo de un simple activismo.

Quizá todo ello sea consecuencia del aprovechamiento de la ignorancia humana que posibilitan unos derechos humanos que todo el mundo considera muy importantes sin poder precisar en qué consisten, algo similar al karma. La duda de que puedan ser usados como una simple palanca para el chantaje y la extorsión de algunos gobiernos o instituciones a la par que una fuente importante de negocio para el dueño de estas organizaciones o una especie de tranquilizante de la conciencia de quienes no estiman a la justicia como virtud personal, no se disipa del todo con estas denuncias; su presunta benevolencia contrasta con la supuesta maldad con que los mercados tratan a los gobiernos cuando les prestan dinero para políticas sociales.